Revocación de mandato, un ejercicio que avanza en medio de polémicas

México se enfila a que en 2022 se realice su primer ejercicio de revocación de mandato. Hasta ahora, se prevé que este se lleve a cabo el domingo 10 de abril, en caso de que se cumplan todos los requisitos legales.

Uno de esos requisitos es que los promoventes de esta consulta reúnan las firmas de apoyo de al menos el 3% de los electores del país, lo que equivale a 2.7 millones de personas distribuidas en al menos 17 entidades federativas.

El plazo para que los partidarios del ejercicio entreguen esos apoyos se termina a las 23:59 de este sábado 25 de diciembre, aunque quienes quieren que se efectúe sostienen que ya rebasaron por mucho esa meta.

Desde que comenzó su planeación, este ejercicio no ha estado exento de polémicas, ya sea por el diseño de la papeleta, el contenido de la pregunta o la campaña de sus promoventes, que el Instituto Nacional Electoral (INE) consideró engañosa porque plantea la "ratificación" del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero sobre todo, el principal motivo de controversia ha sido el tema de los recursos para organizar esta consulta. El INE sostiene que necesita 3,800 millones de pesos para ello, por lo que en septiembre pidió ese monto a la Cámara de Diputados. Sin embargo, al final los legisladores le negaron ese monto y en noviembre aprobaron un Presupuesto de Egresos que implica un recorte de 4,900 millones de pesos al organismo autónomo.

Frente a eso, el INE promovió un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y determinó por su cuenta pausar algunas actividades relacionadas con el ejercicio revocatorio. No obstante, esta semana la propia SCJN le ordenó que siga adelante con el proceso usando los recursos de los que dispone por ahora, que suman unos 1,500 millones de pesos.

Las primeas polémicas

En su campaña de 2018, el presidente López Obrador prometió que a la mitad de su mandato preguntaría a la ciudadanía si quiere que siga en el cargo o se vaya. Para ello, él y Morena impulsaron una reforma a la Constitución del país, para incluir en ella el concepto de revocación de mandato.

La ley reglamentaria de esa reforma constitucional quedó aprobada apenas este año, pero los partidos de oposición rechazaron los términos en los que quedó.

La alianza Va por México, conformada por PAN, PRI y PRD, incluso presentó ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad contra la norma, pues asegura que esta "indebidamente" contempla la ratificación presidencial.

Además, en voz del líder nacional panista, Marko Cortés, el bloque calificó de "necedad" querer realizar un ejercicio que costaría miles de millones de pesos para alimentar "el ego del presidente".

"Nadie le está pidiendo su revocación. Es él el que la promueve, es él el que buscaría las firmas por pérdida de confianza para que luego voten por que se quede", dijo Cortés entonces.

La recolección de firmas

Según los plazos establecidos, el 1 de noviembre comenzó el periodo para que los promoventes del ejercicio recolecten firmas de apoyo y las entreguen al INE. Esta etapa, para la que se registraron más de 2,000 personas, vence este 25 de diciembre.

Esta recolección también ha generado polémica, pues los partidarios de la consulta iniciaron una campaña en la que llaman a la "ratificación" del presidente, no a su revocación. Esto fue denunciado por PAN, MC y PRD, que acusaron ante el INE que había mensajes que "engañaban" a la población.

Así, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a dos organizaciones y a Morena frenar sus llamados a "ratificar" al mandatario, así como eliminar esas referencias de su propaganda y sitios web. Según constató Expansión Política, los responsables cumplieron a medias con la orden.

Una de esas organizaciones promoventes del ejercicio revocatorio, Que siga la democracia, afirma que ya ha entregado al INE más de 6 millones de apoyos ciudadanos, los cuales están en proceso de verificación y validación. Incluso, este 25 de diciembre, prevé acudir al instituto otra vez para presentar otros 2.6 millones.

600 auxiliares, dados de baja por hacer trampas

La misma Comisión del Quejas y Denuncias del INE determinó dar de baja a 600 auxiliares que entregaron más de 71,000 apoyos ciudadanos con irregularidades, como copias de credencial de elector con inconsistencias o sustentadas en imágenes que no eran la de una persona sino de objetos como pantallas o mascotas.

Ahora, una vez que cierre el plazo de recepción de firmas, el INE tendrá hasta el 3 de febrero para concluir la revisión de las rúbricas, ya sea que fueran entregadas con la app del instituto o en formatos de papel. De las primeras, con corte a este jueves, se habían entregado 1 millón 67,635 y se habían detectado irregularidades en 20% de ellas.

La coalición Va por México presentó el 14 de octubre una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Revocación de Mandato, pues considera que tal como está planteada permite al presidente estar "en campaña permanente".

El INE también presentó ante la SCJN una controversia constitucional en contra del recorte de recursos que le aprobó la Cámara y, de su lado, en una sesión de Consejo General determinó poner en pausa algunas actividades del proceso, argumentando falta de recursos.

Sin embargo, la presidencia de la Cámara, a cargo del morenista Sergio Gutiérrez Luna, interpuso su propia controversia contra el INE, a partir de la cual logró que la Comisión de Receso del máximo tribunal del país le concediera una suspensión y ordenara al instituto seguir adelante con la consulta revocatoria.

Tras la notificación, el INE informó este jueves que acatará en sus términos ese mandato judicial, pero aclaró que se mantendrá atento a la resolución de fondo que haga la SCJN respecto de la controversia constitucional que presentó para reclamar insuficiencia presupuestal.

Desde Morena, el dirigente Mario Delgado y otras figuras acusan al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, así como a otros de sus pares, de no querer hacer el ejercicio, de frenar la democracia y de hacer un gasto excesivo de recursos públicos. En contraparte, Córdova y los consejeros sostienen que es imposible organizar la consulta de revocación de mandato con pocos recursos, pues por ley debe plantearse como otra elección federal, es decir, con la instalación de unas 160,000 casillas.

La Cámara denuncia a consejeros ante la FGR

La más reciente polémica de esta trama es la decisión de la Cámara de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de los seis consejeros que votaron a favor de pausar la consulta de revocación.

El recurso acusa a los consejeros de delitos como coalición de servidores públicos y abuso de autoridad, por lo que pide proceder penalmente contra ellos. Desde la oposición, diputados han considerado que esto es un exceso y que el presidente de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, actuó parcialmente a favor de los intereses de su partido.

Por Guadalupe Vallejo | Expansión