Empresas eluden multas por corrupción y dejan de pagar casi 2,000 mdp en 18 años

La Secretaría de la Función Pública (SFP), la instancia en la que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador concentró el combate a la corrupción, mantiene registrado un monto sin cobrar por casi 2,000 millones de pesos en multas acumuladas entre 2003 y 2021.

De acuerdo con el directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados que la dependencia tiene en su portal de datos abiertos, hay 2,013 empresas proveedoras que fallaron en sus contratos con el gobierno federal y siguen sin cubrir las sanciones económicas que les fueron impuestas.

La cantidad equivale al presupuesto que tuvo en 2020 el programa Tandas para el Bienestar con el cual, a través de créditos a propietarios de micro y pequeños negocios, la administración de López Obrador se propuso mitigar algunos estragos económicos de la pandemia de COVID-19.

En el periodo en el que las multas se acumularon, gobernaron cuatro presidentes. Dos fueron postulados por el Partido Acción Nacional, Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012); uno, por el Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto (2012-2018), y el actual, por Morena, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Cada uno tuvo como centro de sus discursos la promesa de combatir la corrupción, pero el directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la SFP es una muestra evidente de que las malas prácticas prevalecieron conforme pasaron los años.

Falsificación de documentos, mentiras sobre obligaciones fiscales, inscripción de personas "fantasma" ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, incumplimiento de entrega de obras, dolo y negligencias que causaron tragedias son algunas de las anomalías cometidas por las empresas contratistas.

Lo que se debe

Como ejemplo de este rezago de multas sin cobrar está la Guardería ABC, donde en junio de 2009 un incendio le arrebató la vida a 49 bebés y causó heridas a otros 79. Hasta ahora, nadie ha sido sentenciado por la tragedia, pero la empresa (hoy desaparecida), con un contrato con el IMSS, fue sancionada con 1 millón 644,000 pesos por "incumplimiento", según determinó el gobierno de Calderón. Hasta ahora, esa cantidad está en deuda.

La multa a la Guardería ABC

En el archivo de la SFP puede verse también la sanción impuesta a Constructora Cutsa en 2014, en el gobierno de Peña Nieto, por incurrir en dolo al presentar documentación falsa en el contrato para rehabilitar las viviendas afectadas por los sismos del 20 y 26 de marzo de 2012 en Guerrero. El número de casas ofrecidas a los damnificados no fue entregado por completo y el gobierno no logró subsanar los efectos de ese desastre natural.

También está la multa por 1 millón 357,200 que la administración de Fox impuso en 2004 a Limpieza y Fumigaciones Especializadas por presentar documentación falsa en un contrato con la Secretaría de Educación Pública, lo que dañó los recursos de la dependencia.

¿Cuánto debe Odebrecht?

Protagonista de una de las tramas de corrupción más grandes en el mundo, la constructora brasileña se presentó en México para hacer negocios a través de dos denominaciones: Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México y Constructora Norberto Odebrecht.

Las dos obtuvieron contratos en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto a través de una red de sobornos que aún continúa bajo investigación judicial. Y ambas incumplieron con sus compromisos, aunque solo una pudo ser multada.

Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México tiene pendiente pagar 543 millones 488,615 desde 2019, cuando el gobierno de López Obrador le impuso la sanción por presentar información falsa.

En cambio, Constructora Norberto Odebrecht no debe nada, aunque por actuar con dolo en el contrato de la refinería Miguel Hidalgo Tula I, la Auditoría Superior de la Federación calculó un daño de 1,191 millones de pesos.

El contrato para la refinería de Tula fue otorgado por Pemex cuando el director era Emilio Lozoya. La empresa utilizó materiales más baratos y equipo de seguridad diferentes a los estipulados.

La SFP no pudo imponerle una multa mayor porque la contratación fue realizada en 2014, cuando regía el artículo 59, fracción IV, de la Ley de Pemex de 2008, que solo preveía como sanción la inhabilitación, de acuerdo con datos verificados en la dependencia.

Más de 1 millón

De las 2,031 multas, 213 son mayores a 1 millón de pesos (mdp).

En estas multas mayores, el gobierno que más engrosó la lista morosa fue el de Calderón. De su sexenio datan 82 sanciones que no fueron cobradas y suman 102.1 mdp.

En la lista que dejó tras de sí Calderón destacan como infractoras contratistas de obra pública como Grupo Constructor Cinco, que falló en dos contratos para realizar obra en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque subcontrató servicios, y Corporación de Ingenieros Civiles y Arquitectos Mexicanos, que no entregó trabajos pactados en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La administración de Peña Nieto se rezagó con 51 proveedores multados, lo que suma 151.8 mdp sin cobrar. En el conjunto de empresas que incurrieron en actos de corrupción ubicado en su periodo está Aero Parts Connections, que no cumplió con la reparación de partes de aviones de la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR), o Servicios Integrales de Almacenamiento y Comercialización de México, que le hizo un fraude a Diconsa al cobrar decenas de miles de toneladas de maíz sin haberlas entregado.

La administración de López Obrador ha acumulado 79 multas mayores al millón de pesos, lo que da 1,320.7 mdp. Las impuestas a Global Offshore México, Technip de México y Technip Stone & Webster Process Tecnology son para cada una de 206.6 mdp, los montos más altos después del correspondiente a Odebrecht.

Esta triada de empresas presentó información falsa a Pemex Refinación y recibió la sanción en 2019, cuando la titular de la SFP era Irma Eréndira Sandoval.

Multas superiores a 1 mdp:

Felipe Calderón: 82

Andrés Manuel López Obrador: 79

Enrique Peña Nieto: 51

Vicente Fox: 1

¿Por qué es posible este letargo?

Estas sanciones económicas las impone la SFP a empresas que infringieron las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es la instancia facultada para realizar el cobro.

Ante la sanción, la empresa tiene el derecho de recurrir a amparos ante un tribunal y, por ello, es posible que el cumplimiento de la multa caiga en un letargo.

Si una empresa no ha saldado la multa, por cualquier motivo, su nombre queda registrado en el directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados como deudora.

María de los Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, explica que, al no tener la SFP facultades en este proceso de recuperación, hace falta coordinación entre las autoridades que sancionan y las encargadas de la recuperación de activos.

La especialista destaca que el SAT, que debería encargarse de solicitar el pago de las multas, no forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción. "El SAT es una de estas autoridades que también tendrían que coordinarse, que formar parte de este grupo dependencias y entidades que conforman el sistema", señala.

De acuerdo con la experta, sin esa coordinación parece que "los sistemas no están funcionando".

"Seguimos viendo que hay impunidad en el hecho de que no cobren una multa. No es nada más que nos quedamos sin esa multa que tendría que entrar, sin este dinero que tendría que formar parte del erario público; es una persona (moral) que recibió una sanción y que no se la van a hacer efectiva, y eso incrementa los índices de impunidad del país", afirma.

Para Estrada, la SFP debería tener "el interés, la facultad, la obligación" de preguntar a otras autoridades qué pasó con estos casos que sanciona e indagar en el SAT qué pasa para que no se cobren las multas.

Marcos Pérez Esquer, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, señala que la revisión de los datos indica que el propósito de combatir la corrupción se queda en el discurso.

"Es un asunto de comunicación política, pero no una intención verdadera, genuina, auténtica", expresa al recordar que el porcentaje histórico de multas cobradas ha sido muy bajo.

El especialista plantea como justificación probable del rezago en el cobro de multas a empresas que se carece de "una verdadera intención de sancionar y cobrar", para no generar la idea de que el gobierno contrató a empresas infractoras y, entonces, es corrupto.

El académico manifiesta en entrevista que espera que con el nombramiento de Roberto Salcedo en la SFP haya un impulso para la recuperación de estos activos.

"A partir de este cambio en la titularidad de la secretaría podemos esperar mejoras, porque quien está tomando las riendas es una persona seria, con solvencia técnica". Marcos Pérez Esquer, académico de La Salle

Lo que dice la SFP

Expansión Política consultó a la dependencia sobre la acumulación de multas sin cobrar. A continuación, sus respuestas.

Sobre el monto:

"Al 24 de noviembre de 2021, de acuerdo con los registros que obran en el Sistema de Procedimiento Administrativo de Sanción a Proveedores, que se alimenta de la información que capturan tanto los Órganos Internos de Control como la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, el monto de multas impuestas y que no han sido pagadas asciende a la cantidad de $1,976,165,868.42 (mil novecientos setenta y seis millones ciento sesenta y cinco mil ochocientos sesenta y ocho pesos y cuarenta y dos centavos)".

Sobre el grado de acumulación:

"Esta dependencia está obligada a dar trámite a las denuncias por infracciones a las disposiciones en materia de contrataciones públicas y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan. Una vez que se emite la resolución sancionatoria, se envía al Servicio de Administración Tributaria, que es la autoridad encargada de ejecutar el cobro de las multas impuestas".

"Por disposición legal, la SFP debe mantener dados de alta en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados a aquellas personas físicas o morales que no hayan efectuado el pago de las multas impuestas".

Sobre el método de cobro:

"Las multas impuestas constituyen un crédito fiscal, por lo que su cobro corresponde al Servicio de Administración Tributaria. De conformidad con los "Lineamientos para el envío, recepción, control y cobro de las sanciones económicas y multas que impone la Secretaría de la Función Pública", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2012, una vez notificada la resolución al infractor, la misma se remite a las Administraciones Desconcentradas de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, para que, de acuerdo con sus atribuciones y competencia, realicen el cobro del crédito fiscal correspondiente".

"Es importante precisar que el Servicio de Administración Tributaria se puede ver imposibilitado materialmente para el cobro de los créditos fiscales correspondientes, entre otros motivos, porque exista una suspensión otorgada por una autoridad jurisdiccional, que impida legalmente a la autoridad su ejecución".

Sobre si se envía un mensaje de laxitud con la acumulación de multas:

"De ninguna manera. Por el contrario, la existencia de dichas multas muestra la acción de la Secretaría de la Función Pública en el combate a la impunidad, al sancionar a las personas físicas o morales que infringen las leyes en materia de contrataciones públicas".

"Si los infractores tienen a su cargo créditos fiscales firmes, en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, constituye un impedimento para que cualquier ente público contrate adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con ellos".

Sobre a dónde se dirige el actuar de la SFP en la segunda parte del gobierno del presidente López Obrador:

"La Secretaría de la Función Pública continuará trabajando para que lo público funcione con eficacia y probidad, con un enfoque en la prevención de riesgos y en la gestión para resultados, a fin de que se atiendan los problemas públicos para lograr la satisfacción de la ciudadanía".

Con información de Ariadna Ortega.

Por Linaloe R. Flores | Expansión