Militar encargado de Birmex es señalado por encubrir desaparición forzada
Los familiares de las víctimas acusan que han sido ignorados por el subsecretario Alejandro Encinas, a quien buscan para exigir el cumplimiento de la sentencia
El general Jens Pedro Lohmann Iturburu, que fue nombrado recientemente como titular de los Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex), es señalado por el encubrimiento de un caso de desaparición forzada ocurrida en 2009, que involucra a personal del Ejército.
De acuerdo con el semanario Proceso, el funcionario tuvo conocimiento de la desaparición forzada de tres personas, pero negó las evidencias, lo que impidió hacer justicia en ese caso, de acuerdo con una sentencia emitida el 28 de noviembre de 2018 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el gobierno mexicano ha desacatado.
El 30 de noviembre el general fue designado en su nuevo cargo, una más de las posiciones entregadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador a militares, con el argumento de que garantizan honestidad.
Lohmann Iturburu se desempeñaba como director normativo de Administración y Finanzas del ISSSTE. Egresó del Colegio Militar en 1974 y cuenta con una carrera de 50 años en el servicio militar.
Proceso entrevistó a María de Jesús Espinoza, quien vive refugiada en Estados Unidos, tras ser amenazada por denunciar. Espinoza es hermana de Nizta Paola, una de las personas desaparecidas junto a sus primos Rocío Irene y José Ángel Alvarado.
María advirtió que esta administración, como las anteriores que encabezaron el PAN y el PRI, se niegan a reconocer las violaciones a derechos humanos cometidas por elementos del ejército.
"El gobierno de López Obrador sigue en la misma postura de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, de que no fie el Ejército, queriendo decir que fue el crimen organizado, cuando hay una sentencia de la CIDH que dice claramente que fue el ejército quien se llevó a mis familiares", apuntó.
Las tres personas desaparecieron luego de ser detenidos arbitrariamente el 29 de diciembre de 2009 por personal del 35º Batallón de Infantería con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, comandado por el coronel Élfego Luján Ruiz.
Por este caso, el general Lohmann fue informado el 6 de enero de 2010, por Luz Estela Castro y Gabino Gómez, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), quienes ya habían establecido contacto con él por otras denuncias relacionadas con presuntos abusos cometidos por soldados, en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua.
El 7 de enero familiares y los defensores visitaron la Agencia Estatal de Investigaciones y el mayor Manuel Gutiérrez reconoció entonces la detención a mano de militares. En enero fue removido de la zona y, de acuerdo con el testimonio, en su informe reportó que no había evidencia de responsabilidad del ejército.
El general "tiene participación en el caso Alvarado. Encubrió y sigue encubriendo a los militares, el tuvo conocimiento de esos hechos cuando recién habían pasado, a días de que ocurrieran. Él escuchó al igual que nosotras ?Lucha y yo- que el mayor Gutiérrez aceptó que ellos habían hecho la detención".
La CIDH emitió una sentencia en la que exhortó al gobierno mexicano a realizar un "acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional", en el que deberán estar presente funcionarios de la Secretaría de la Defensa nacional (Sedena), Seguridad y Protección Ciudadana, del gobierno de Chihuahua y representantes de las víctimas.
La sentencia, misma que no ha sido acatada, obliga al Estado mexicano a generar un registro único y actualizado de personas desaparecidas que tenga datos estadísticos para poder dar seguimiento a casos de desapariciones forzadas y no localizadas.
Datos del semanario indican que, aún sin ese registro, hasta el jueves 2 de diciembre los datos oficiales reportan la existencia de 95 mil 310 víctimas, pero no se conoce en cuáles o cuantos casos los responsables fueron agentes del Estado o particulares.
Espinoza advirtió que desde hace un año ha intentado entrevistarse con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para insistir en el cumplimiento de la sentencia, para el que la CIDH dio de plazo de un año, pero el funcionario no ha aceptado el encuentro.
"Al pueblo de México le haría una advertencia: recuerden este caso porque el gobierno sigue protegiendo al ejército, sigue intocable", añadió.
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