Impugna AMLO ante Suprema Corte suspensión que retrasa padrón telefónico nacional

La Presidencia impugnó la suspensión que la SCJN otorgó al IFT para la suspensión del Padrón Nacional de Usuarios por falta de presupuesto


A través de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, el presidente López Obrador impugnó la suspensión que retrasa la puesta en marcha del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El recurso de reclamación fue interpuesto ante la SCJN por el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y fue turnado a un ministro para su análisis y resolución.

La suspensión que retrasa el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil fue concedida el pasado 14 de junio al IFT por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, contra el mandato que obliga a ese organismo a iniciar los trabajos para su puesta en marcha y, con ello, la extracción de recursos de su propio presupuesto.

El IFT demandó que el Panaut requeriría alrededor de 109 millones de pesos de su presupuesto anual; así como otros 88 millones durante cada año posterior. Asimismo, la puesta en marcha del Padrón exigiría la contratación de otros 150 funcionarios que representan la erogación de 150 millones de pesos.

En la suspensión, la Suprema Corte dio la razón al IFT debido a que conformar el padrón representaría restar recursos económicos y comprometer el presupuesto anual del IFT, cuyo trabajo es regular y supervisar a la industria de radiodifusión y telecomunicaciones.

El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil es un registro de chips de telefonía obligatorio, creado tras la aprobación de una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El instrumento exigirá a los usuarios entregar sus datos biométricos, lo cual "representa un grave riesgo para la privacidad", explica la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

"Este tipo de riesgo únicamente se aplica en países autoritarios como Arabia Saudita, China o los Emiratos Árabes Unidos. No existe evidencia de que el registro obligatorio ayude a la reducción de la actividad criminal", señala.

Con información de Reporte Índigo

Comentarios